Poderes del estado y organismos constitucionales deben evitar que gobierno abuse de poder.

• Frente a las denuncias realizadas, presidente de la Republica debe rendir cuentas al país.

 Ante los graves señalamientos efectuados contra el presidente de la República y otros altos funcionarios, en un procedimiento de colaboración eficaz, la Defensoría del Pueblo, al amparo de su mandato constitucional de protección de derechos fundamentales y supervisión de los deberes de la administración estatal, expresa lo siguiente:

1. Las declaraciones formuladas por la señora Karelim López ante el Ministerio Público comprometerían al presidente de la República en hechos de corrupción que constituirían, de comprobarse, una grave lesión a la dignidad del cargo y pondrían en entredicho su capacidad para cumplir el mandato constitucional de combatir dicho flagelo.

2. La situación es particularmente grave dado que el presidente de la República no solo encarna a la nación y representa a todas/os las/os peruanas/os, sino también, como primer mandatario, debe liderar todas las políticas públicas, en particular las referidas a la trasparencia y lucha contra la corrupción. Por ello, se encuentra obligado a dar explicaciones claras y suficientes al país.

3. Con base en lo señalado, corresponde al presidente, en el más breve plazo, esclarecer todos los señalamientos hechos, en particular los vínculos que mantienen sus sobrinos con distintas instancias del Gobierno y aquellos que tendrían con particulares e intermediarios que han celebrado contratos con el Estado. En la misma línea, debe dar cuenta de las reuniones que mantuvo en la casa del jirón Sarratea (Breña), precisando las personas que lo han visitado. Para nuestra institución no se cumplen los deberes de transparencia y rendición de cuentas, apelando a la existencia de un entramado para forzar su vacancia o un plan golpista como fórmula para evadir dar explicaciones de fondo sobre los hechos denunciados.

4. Tal como señaló la Defensoría del Pueblo desde agosto del 2021, el mandatario ha incumplido reiteradamente con el deber de garantizar la eficiencia del Estado, al nombrar en los más importantes cargos públicos a personas carentes del conocimiento y experiencia profesional necesarios. Este hecho ha provocado el debilitamiento de los controles y salvaguardas destinados a prevenir actos de corrupción. Esta situación fue puesta también de manifiesto por exministras/os, viceministras/os y otros altos funcionarios que han renunciado recientemente a sus cargos.

5. La negativa del presidente a dar las explicaciones que el país exige afectaría aún más la dignidad del cargo que ocupa por su manifiesta falta de comportamiento ético y su reiterado incumplimiento a mandatos constitucionales. Dadas las circunstancias que atraviesa el país, la Defensoría del Pueblo reitera que el gobierno es menos que el Estado. Por ello, todos los poderes y las instituciones constitucionales autónomas deben ejercer sus funciones para garantizar el control de un gobierno que claramente utiliza inescrupulosamente el poder.