OBSERVA EXCESIVA DEMORA EN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ESTATALES CON COMUNIDAD SHIPIBO-CONIBO DE CANTAGALLO

•  Más de 200 familias indígenas necesitan ser propietarias de una vivienda digna.
• Se encuentra en grave riesgo la educación bilingüe de por lo menos 350 menores.

 A dos años y siete meses del lamentable incendio ocurrido -4 de noviembre del 2016- en la comunidad shipibo-conibo de Cantagallo, la Defensoría del Pueblo cuestiona las demoras en el cumplimiento de los compromisos asumidos por entidades estatales con la población indígena. Ello afecta su derecho de acceso a una vivienda digna y perjudica otros derechos como la educación o el trabajo.

El 15 de diciembre del 2016, las más de 200 familias afectadas por el incendio, que incluye a por lo menos 350 menores de edad, acordaron desocupar el terreno donde se ubicaban, con el fin de permitir el desarrollo del proyecto de adjudicación de lotes a favor de los miembros de la comunidad, la implementación de servicios básicos y el posterior otorgamiento de bonos familiares habitacionales, conforme al acta suscrita en la fecha mencionada. Un año después, la población logró desocupar el terreno de Cantagallo, sin embargo, ello ha repercutido negativamente en el ejercicio del derecho a la educación de los menores.

Al respecto, la jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Nelly Aedo, señaló que “se habría producido la deserción de 70 estudiantes de los 250 matriculados en la Institución Educativa Intercultural Bilingüe que atendía a los niños de Cantagallo, mientras otros tienen una asistencia irregular, debido a la inseguridad de la zona donde se reubica la institución (Jr. Virú – Rímac) y a los escasos recursos de sus familias, que dificulta su traslado al colegio”. Del mismo modo, las familias han referido que se está afectando su derecho al trabajo, ya que la reubicación ha perjudicado la venta de sus artesanías que, anteriormente, se realizaban en un solo lugar y, asimismo, limita su forma de vida comunal, remarcó la funcionaria.

Asimismo, Aedo explicó que a la fecha se han realizado diversas gestiones por parte de entidades del Estado para cumplir con parte de los acuerdos, “sin embargo, estos son insuficientes para mejorar las condiciones de vida de la población Shipiba de Cantagallo”. Por lo que observó con preocupación que se haya dilatado el inicio de las acciones encaminadas al desarrollo del proyecto de habilitación urbana, que incluso ha propiciado una movilización de las familias afectadas en abril del presente año.

A fin de superar estas dificultades, el 24 de abril del 2019, se suscribió un acta con compromisos y plazos específicos para llevar a cabo las acciones necesarias para dar inicio al Programa de Adjudicación de Lotes (PAL), a cargo del Organismo de Formalización  de la Propiedad Informal (Cofopri), para finales del mes de mayo, sin embargo, aún se encuentran pendientes la obtención de certificaciones e informes que permitan la realización de estas actividades, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Ante ello, en el marco de sus competencias constitucionales, la Defensoría del Pueblo invoca a las instituciones competentes del Estado a redoblar esfuerzos para que —dentro de los nuevos plazos acordados—, cumplan con entregar a las familias shipibo-conibo de Cantagallo las viviendas que mejoren sus condiciones de vida, así como adoptar de manera urgente medidas para garantizar el ejercicio del derecho a la educación de los niños y niñas afectadas.