Defensoría del Pueblo: Urgen medidas que descongestionen el transporte público y protejan a pasajeros

Inmovilización social, nocturna y de domingos, debe ir acompañada de disposiciones que eviten aglomeraciones en transporte público.

La Defensoría del Pueblo advierte que las restricciones de movilidad en horario nocturno y los días domingo, establecidos según los diferentes niveles de alerta en las regiones del Perú decretados por el Gobierno nacional, vienen generando aglomeraciones en el transporte público lo cual no contribuye a disminuir la propagación del COVID-19.

Al respecto, la institución explicó que desde que se restringió toda circulación de vehículos y de personas a partir de las 7 p. m. al algunos lugares y a desde las 9 p. m. en otros, se aprecia una importante congestión de los servicios de transporte urbano, toda vez que las personas se aglomeran en paraderos y estaciones, con la finalidad de llegar a sus domicilios antes del toque de queda.

Esta situación afecta, también, a pasajeras y pasajeros de transporte interprovincial que arriban a una ciudad en la que, debido a las restricciones al tránsito, no pueden salir del terminal terrestre o incluso bajarse del bus hasta que concluya el horario de inmovilización, lo cual conlleva a potenciales condiciones de hacinamiento que son propicias para la diseminación del COVID-19.

Un ejemplo de estos hechos fue advertido por el módulo de la Defensoría del Pueblo en Chimbote, logrando que se permita que los pasajeros de 14 buses que arribaron entre las 2:00 y 5:00 a. m. del domingo 17 de enero, pudieran desembarcar en el terminal terrestre “El Chimbador” y trasladarse a sus lugares de residencia, sin ser materia de sanciones.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo reitera que es imprescindible que se establezcan horarios escalonados de trabajo presencial de manera obligatoria, tanto para el sector público como para el sector privado, siempre que no se pueda priorizar el trabajo remoto. Además, urge establecer horarios tope para la culminación de actividades y cierre de establecimientos comerciales, educativos, profesionales y de otra índole, con horas previas al inicio de la inmovilización nocturna, a fin que trabajadores y la ciudadanía en general pueda desplazarse a sus domicilios sin la generación de aglomeraciones en el transporte público y en las vías públicas.

Desde el mes de mayo del año pasado, la Defensoría del Pueblo ha venido insistiendo en un conjunto de medidas mínimas necesarias para disminuir estos riesgos. Es necesario, ahora más que nunca, que el Gobierno nacional dicte medidas adecuadas y coordinadas con los diferentes niveles de gobierno para asegurar el transporte seguro y saludable de las personas, teniendo en cuenta que la demanda solo en Lima y Callao supera los 22 millones de viajes diarios.