Conflicto en las Bambas: Defensoría del Pueblo exige cese inmediato de la violencia en Challhuahuacho y Coyllurqui.

Frente a los hechos de violencia ocurridos el día de ayer en el sector de Taquiruta en la unidad minera Las Bambas, en la que resultaron heridas/os 14 personas civiles y 4 efectivos de la Policía Nacional, durante la diligencia de defensa posesoria solicitada por la empresa; así como los daños a la propiedad privada registrados hoy, como la quema de vehículos, carpas de sensibilización, laptops, escritorios y caseta de seguridad, y daños al generador eléctrico de la empresa minera Las Bambas, la Defensoría del Pueblo señala lo siguiente:

1. Condenamos los hechos de violencia ocurridos ayer en el sector Taquiruta, durante la diligencia posesoria de la empresa minera Las Bambas y exhortamos al Ministerio Público a realizar una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables de los ilícitos penales cometidos. Asimismo, se deberá determinar las responsabilidades a las que haya lugar por las lesiones infligidas a las personas que resultaron heridas. Un equipo de la Defensoría del Pueblo se reunió con representantes del Centro de Salud de Challhuahuacho y la Comisaría de Challhuahuacho, confirmando la información de que 18 personas resultaron heridas (14 civiles y 4 efectivos PNP) y que no hay ningún detenido. El caso más grave es el de la señora Rosa Paniura Vargas, quien presenta como diagnóstico “traumatismo ocular severo – traumatismo craneano leve – pérdida de globo ocular – policontusa”.
2. Hacemos un llamado a pobladores y dirigentes de Challhuahuacho y Coyllurqui a detener los actos de violencia, demostrando responsabilidad y apego a la ley. Las partes deben volver al objeto central del proceso de diálogo, es decir, la verificación del cumplimiento de acuerdos a través de una comisión mixta con participación de la propia Defensoría del Pueblo.
3. Recordamos a la Policía Nacional que en todo momento debe hacer uso legal, necesario y proporcional de la fuerza. Y que es su obligación presentar un informe sobre su actuación al término del operativo. El estado de emergencia no es una medida que ampare violaciones a los derechos, por el contrario, es un recurso para pacificar y crear oportunidades para avanzar por la vía del diálogo.

La Defensoría del Pueblo continuará presente en la zona, interviniendo en el marco de sus competencias.