LEY DE PUBLICIDAD ESTATAL TIENE SERIOS VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD Y VIOLENTA EL DERECHO A LA IGUALDAD

El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez  sustentó ante el Tribunal Constitucional (TC) un amicus curiae a efectos de brindar argumentos en el marco del proceso de inconstitucionalidad iniciado contra la Ley 30793, “que regula el gasto de publicidad del Estado Peruano”.

Inició su presentación con una reflexión dirigida a los magistrados del TC para que se eleven los estándares en el principal acto de poder el Estado, como es el acto legislativo. “El problema con leyes como esta, es que no están debidamente fundamentadas tienen una exposición de motivos aparente, sin base empírica ni información fáctica que permita llegar a las conclusiones y al diseño legislativo que el legislador propone. Estas carencias son particularmente peligrosas, porque no le da herramientas al ciudadano para interpretar la norma y permite interpretaciones de todo tipo”, señaló.

Luego de estas palabras se refirió al tema en cuestión y explicó que durante 12 años hemos tenido una norma de publicidad estatal que no se ha reglamentado. “Nunca fue de interés del Ejecutivo, ni del Congreso, ni de los medios de comunicación, reglamentarla. Es fundamental que se regule la publicidad estatal de otra manera, con determinados estándares y que sea integral, que involucre a todos los organismos estatales. Es importante que se regule, porque si no, deja demasiada discrecionalidad para contratar avisos, sin la adecuada transparencia”, manifestó.

Con relación a la actual norma, señaló que afecta derechos fundamentales. “Por más que haya conectividad en algunas zonas, hay una brecha entre los jóvenes y los adultos mayores que no van a poder acceder a información, así como las poblaciones más vulnerables porque aún viven en áreas con deficiencias para el acceso a internet. Estas situaciones afectan el derecho de igualdad”, acotó.

En otro momento señaló que la actual ley permite que se contraten avisos en situaciones de desastre o emergencias nacionales, cuando es justamente en estos casos que los medios de comunicación deben informar de manera gratuita poniéndose al servicio del país, sobre todo aquellos que usan el espectro radioeléctrico.

Gutiérrez Camacho se refirió también a la necesidad de información del ciudadano no solo a través de los grandes medios de comunicación, sino a través de aquellos medios de alcance rural, como mercados o radios comunales.

Cerró su presentación ante el TC diciendo que la norma tiene serios vicios de inconstitucionalidad.