Defensoría del Pueblo: Urge que el Gobierno asuma temporalmente la competencia en salud de los Gobiernos regionales

Ante la imposibilidad de algunos gobiernos regionales, como Arequipa, para hacer frente al impacto del COVID-19, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, reitera la necesidad de que el Gobierno Central asuma, en estos casos, de manera temporal, las competencias en materia de salud de los gobiernos regionales.

Con ese propósito, el 22 de abril, mediante oficio N° 089-2020/DP, remitió al ex presidente del Consejo de Ministros, el anteproyecto de la “Ley que fortalece las capacidades de gestión regional para hacer frente a la crisis sanitaria en el marco de la emergencia nacional”. Ello se realizó con miras a que el Poder Ejecutivo haga uso de su facultad de presentar la propuesta legislativa con carácter de urgente y sea tramitada de manera prioritaria por el Congreso de la República.

La Defensoría considera importante el proceso de regionalización y su fortalecimiento. Sin embargo, dado que algunos gobiernos regionales como los de Arequipa, Lambayaque y La Libertad, no han desarrollado acciones efectivas para prevenir y contener esta enfermedad, el proyecto en mención busca salvaguardar de manera más eficaz la vida y salud de millones de ciudadanos y ciudadanas.

Si bien la Ley Nº 30423 y su reglamento permiten al Gobierno Central intervenir el sector salud de alguna región y/o zona del país, que no atienda de forma adecuada a sus habitantes, la propia norma establece que el Poder Ejecutivo no puede sustituir las competencias y funciones de gestión de los gobiernos regionales. De este modo, la ley mencionada solo abarca la asistencia técnica, acompañamiento y movilización de los recursos destinados a atender esta problemática.

En contraste, el proyecto de la Defensoría del Pueblo sí permitiría transferir, mientras dure la situación de emergencia sanitaria, el total de las competencias de los gobiernos regionales en materia de salud al Poder Ejecutivo, haciéndose cargo de la gestión sanitaria y todas las actividades necesarias para su desarrollo.

Esta medida de carácter excepcional y temporal se funda en la grave crisis sanitaria que atraviesa el país y en la obligación estatal de garantizar el derecho a la salud de la ciudadanía ante situaciones en las que se adviertan graves deficiencias en la prestación de los servicios de salud por parte de los gobiernos regionales.

Desde las primeras semanas del estado de emergencia, la Defensoría del Pueblo identificó debilidades en la gestión del presupuesto regional y la formulación de planes de acción para contener el COVID-19. Estas deficiencias de gestión constituyen razón suficiente para proponer y aprobar una medida de esta naturaleza.

Por estas razones, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, recalcó la urgencia de que el Poder Ejecutivo presente e impulse esta iniciativa en el Congreso, a fin de que, de manera prioritaria, se debata y logre ser aprobada. Consideramos que la iniciativa podría garantizar una gestión efectiva y oportuna del servicio de salud en beneficio de las personas que más lo requieren, en un contexto de extrema necesidad.