Defensoría del Pueblo: solo la quinta parte de la población con discapacidad de Huancavelica está inscrita en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad

En el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, que se conmemora el 16 de octubre, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Huancavelica informó que en esta región la según el Censo Nacional 2017 en la región hay 35 137 personas con discapacidad, pero a marzo de 2020 solo 7127 están inscritas en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad.

Según las estadísticas revisadas por la oficina defensorial, la cifra de las personas con discapacidad inscritas en el referido registro nacional es menor si se excluyen a fallecidos, retiros voluntarios y nulidades, ya que solo llega a 7021 pobladores, representando únicamente el 20.3 % del total de esa población. De ellos, 3843 son varones y 3178 mujeres.

Asimismo, de acuerdo a la clasificación por provincias, en Acobamba hay 680 ciudadanos inscritos en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad; en Angaraes, 848; en Castrovirreyna, 478; en Churcampa, 1072; en Huaytará, 487, y en Huancavelica, 2144.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Huancavelica señaló que otro aspecto preocupante plasmado en este registro es que, del total de este grupo poblacional, 2424 personas no tienen ningún tipo de estudio, 659 tienen estudios primarios, 325 estudios secundarios, 87 estudios superiores no universitarios, 75 estudios superiores universitarios y 28 educación especial. Además, 3380 pobladores no declararon sobre este aspecto.

Al respecto, el jefe de la Oficina Defensorial de Huancavelica, Roly Bazán, consideró fundamental que las municipalidades, a través de las Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped) y en coordinación con las Oficinas Regionales de Atención a las Personas con Discapacidad (Oredis), busquen mecanismos como la realización de campañas con presencia de médicos especialistas, para que este grupo vulnerable pueda acceder a su certificación, sobre todo teniendo en cuenta que muchos pobladores con esta condición tienen escasos recursos económicos y no pueden acceder a atenciones con especialistas.

“Entendemos que muchas de estas campañas se han detenido debido al actual contexto del COVID- 19, sin embargo es importante que apenas existan las condiciones se retomen, o que se desarrollen de manera virtual. El tener un certificado permite el acceso a diversos beneficios, que son requeridos por este grupo poblacional”, explicó.

REALIDAD NACIONAL

De otro lado, la Defensoría del Pueblo informó que a nivel nacional, en lo que respecta al derecho a la seguridad social, a junio del 2020 el 70 % de personas con discapacidad que cumplían con los requisitos para ser beneficiarios del Programa Contigo, no recibían la pensión y permanecían en lista de espera. Además, tampoco se han implementado los sistemas de apoyo o ajustes razonables para las personas con discapacidad beneficiarias del mencionado programa, limitando el ejercicio de la capacidad jurídica de estos pobladores y constituyendo una barrera para hacer efectivo el cobro de la pensión no contributiva.

A la Defensoría del Pueblo también le preocupa que pese a los esfuerzos por implementar una plataforma virtual de intérpretes de lengua de señas por parte del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), el desconocimiento de algunas autoridades sobre la existencia de dicho servicio, unido a la falta de acceso a internet en distintas zonas del país, haya motivado diversas quejas de la comunidad de personas sordas por las barreras de comunicación.

Adicionalmente, la institución señaló que las clases virtuales brindadas por el Ministerio de Educación (Minedu) no aseguraron la accesibilidad para niñas, niños y adolescentes con discapacidad, pues se identificó una insuficiente articulación entre el Minedu y las autoridades de los distintos niveles educativos, así como limitados recursos educativos adaptados para las necesidades de los estudiantes con discapacidad y otras necesidades educativas especiales.

Por todo ello, para la Defensoría del Pueblo, en lo que va de la pandemia, la atención brindada desde las instituciones públicas y privadas que brindan servicios públicos no se ha adaptado a las necesidades particulares de las personas con discapacidad, impactando en el ejercicio de sus derechos.

Cabe precisar que el Congreso está impulsando una nueva Ley General de la Persona con Discapacidad mientras que el Ejecutivo, promueve la Política Nacional en Discapacidad para el Desarrollo al 2030. En ambos casos, la Defensoría del Pueblo viene exhortando a los distintos poderes a desarrollar amplios procesos de consulta para lo que se ha cursado comunicación a las autoridades pertinentes: Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso, Conadis, Presidencia del Consejo de Ministros y todos los ministerios.