Defensoría del Pueblo: Sigue pendiente ejecución de las reparaciones en favor de Azul Rojas Marín.

• El 12 de Marzo último venció el plazo dispuesto por la Corte IDH.

La Defensoría del Pueblo recordó a las autoridades judiciales que se encuentra pendiente, desde hace dos años, el cumplimiento de las reparaciones a favor de Azul Rojas Marín, mujer trans que fue intervenida arbitrariamente, torturada y violada sexualmente por efectivos policiales en Casa Grande, La Libertad, a inicios del 2008.

Como se recuerda, el sistema judicial peruano archivó el caso y este fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), que en su sentencia del 12 de marzo del 2020 concluyó que los abusos y agresiones sufridas por Azul Rojas Marín, incluyendo la violación sexual, constituye un acto de tortura, por lo cual ordenó al Estado peruano adoptar medidas de reparación individual y garantías de no repetición, a fin de evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

Entre las reparaciones individuales ordenadas por la Corte IDH se incluyen promover la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables por los hechos cometidos en agravio de la afectada, así como garantizar la inmediata y adecuada atención de su salud física y mental, y otorgarle una indemnización compensatoria por el daño material e inmaterial sufrido. Ninguna de estas medidas ha sido implementada a la fecha, a pesar de que la Corte IDH estableció su carácter urgente.

Como parte de las garantías de no repetición, el Estado peruano tenía dos años de plazo para la adopción de un protocolo de investigación y administración de justicia en casos de personas LGBTI víctimas de violencia, así como para diseñar e implementar un sistema de recopilación y producción estadística de la violencia hacia personas LGBTI, y la implementación de un plan de capacitación dirigido a miembros de la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Poder Judicial y serenazgo sobre el respeto de la orientación sexual y la expresión de género en las intervenciones a este sector de la población.

Siguiendo las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), el 15 de junio de 2022 -tres meses después de vencerse el plazo otorgado por la Corte IDH- el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado emitió la Resolución n.º 01-2022-PGE/CD a través de la cual ha determinado quiénes son las entidades responsables del cumplimiento de las medidas de reparación y garantías de no repetición pendientes de ejecución en el caso Azul Rojas Marín vs. Perú.

Con la determinación de las entidades responsables por la ejecución de cada una de las medidas ordenadas por la Corte IDH, queda pendiente que estas inicien cuanto antes las acciones necesarias para dar cumplimiento a las mismas, especialmente con relación a la atención integral en salud y tratamiento psicológico a favor de la víctima, el pago de la indemnización compensatoria y la investigación y juzgamiento de los agentes policiales responsables de la tortura.

De la misma forma, con relación a las garantías de no repetición que inciden tanto sobre la creación de instrumentos idóneos para la investigación y administración de justicia en casos de violencia hacia personas LGBTI, como en el registro y monitoreo de los mismos, queda pendiente la conformación de instancias de articulación y coordinación multisectorial entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Dirección General de Derechos Humanos), Ministerio Público (Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses), Poder Judicial, Ministerio del Interior (Policía Nacional del Perú y ente rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana), Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, e Instituto de Estadística e Informática (INEI).

La correcta y oportuna implementación de estas acciones contribuirá a mejorar los mecanismos existentes para la protección de derechos de las personas LGBTI frente a situaciones de violencia y abuso.