Defensoría del pueblo: Red de salud de Huamanga inicia investigación administrativa por reunión social en centro de salud

• Ciudadano no fue atendido en el Centro de Salud Los Licenciados debido a que el personal participaba de una reunión social en el interior del local.
• La autoridad de salud resolvió concluir la designación de la jefa del Centro de Salud y Microrred Los Licenciados.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho demandó a la Red de Salud de Huamanga que garantice una atención adecuada para las personas, recordándole al personal de salud y administrativo de todos los establecimientos bajo su competencia los principios, deberes y prohibiciones de la función pública señalados de la Ley n.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, así como las faltas de carácter disciplinario establecidas en la Ley n.° 30057, Ley del Servicio Civil.

Este pedido se hizo a raíz de la intervención defensorial motivada por la queja de un ciudadano que no recibió atención en el Centro de Salud Los Licenciados, debido a una reunión social organizada con motivo de su aniversario institucional; por lo que tuvo que retirarse a buscar asistencia médica en una clínica particular.

“El derecho de acceso a los servicios de salud del ciudadano fue vulnerado, por ello saludamos que la Red de Salud de Huamanga haya concluido la asignación del personal a cargo del establecimiento de Salud que intervenimos, y que haya trasladado el caso a la Secretaría Técnica de las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones y hechos similares no se repitan”, sostuvo el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho, David Pacheco-Villar.

Asimismo, solicitó que la autoridad de salud recuerde al personal directivo que jefatura los establecimientos de salud bajo su competencia que la calidad en la prestación de los servicios de salud no es compatible con la realización de reuniones sociales de esta naturaleza, pues limita la adecuada atención al público y genera aglomeración de personas que propicia el contagio del COVID-19.

Finalmente, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho recuerda que el servidor público tiene el deber de proteger y conservar los bienes del Estado y utilizarlos de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente destinados.