DEFENSORÍA DEL PUEBLO PLANTEA CONSENSOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO PARA SUPERAR CRISIS POLÍTICA Y RESOLVER CUESTIÓN DE CONFIANZA

En relación a la cuestión de confianza presentada por el Poder Ejecutivo, respecto de las políticas de Estado de fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción, la Defensoría del Pueblo expresa lo siguiente:

1.- Es indispensable implementar una política de fortalecimiento de las instituciones de la democracia que permita, entre otros efectos, fortalecer el sistema político y reforzar la lucha contra la corrupción. En esta línea, estima legítimo que el gobierno promueva la implementación de la reforma como una política de Estado que se expresa en la priorización del debate y aprobación de cinco proyectos de ley.

A juicio de la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República debe, a su vez, responder si considera que los proyectos presentados efectivamente requieren de una expresión de confianza de su parte. Si lo hace, significará un aval a estas reformas y un grado mayor de estabilidad política.

Necesidad de la reforma política

2.- Conviene recordar que desde inicios de los noventa, las reformas implementadas se orientaron al sistema económico. Con ello, se adoptaron medidas que favorecieron la iniciativa privada, la apertura a las inversiones, mayor rigor fiscal, entre otras, para dinamizar el mercado. No ocurrió lo mismo con la política. Se consideró, incluso, que mientras más alejada estuviera de la economía, era mucho mejor para el país. Así, la activad política fue vista con menoscabo y como un elemento perturbador del crecimiento, ubicándola en una posición secundaria, dependiente de la economía. Esta visión, que aún perdura, postergó las iniciativas de reforma política.

Las consecuencias se pueden observar en el estancamiento de la democracia, cuyas instituciones jurídico-políticas han perdido legitimidad o carecen de la suficiente para garantizar la gobernabilidad democrática, el bienestar de la sociedad y el desarrollo económico. Un problema que va más allá del sistema político y alcanza también al sistema

de justicia y al sistema de administración pública.

Por ello, la Defensoría del Pueblo estima de la máxima importancia las reformas institucionales, entre ellas la política, porque considera que el perfeccionamiento de la democracia favorecerá el ejercicio pleno de los derechos fundamentales.

La reforma política y los derechos

3.- En línea con lo expuesto la Defensoría del Pueblo considera que existe la idea de que la reforma política poco o nada tiene que ver con la vida cotidiana de las personas. No se advierte que dicha reforma tiene directa relación con la seguridad ciudadana, las prestaciones de salud, la calidad educativa o la falta de agua potable o de saneamiento básico.

Los derechos fundamentales necesitan de procedimientos, competencias y, sobre todo, de autoridades capaces de protegerlos dentro de un marco jurídico adecuado. Para esto, el gobernante, el legislador, el juez, el fiscal, el administrador público, deben ser confiables y ejercer su función legítimamente. Si las normas del sistema democrático no lo garantizan, entonces los ciudadanos están a merced de la corrupción, del abuso y la incompetencia.

La reforma política debe buscar poner la democracia al servicio de la gente, que los gobernantes no olviden el origen de su poder y se aboquen a representar las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas.

Cuestión de confianza

4.- La cuestión de confianza tiene por fin constitucional buscar el respaldo del Poder Legislativo hacia las políticas del Poder Ejecutivo.

Según el documento presentado por el presidente del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza se concreta en la discusión de cinco proyectos de ley, los cuales plantea que sean aprobados sin desnaturalizar su “esencia” al menos en primera votación, antes de que culmine la presente legislatura.

En este punto, cabe recordar que el Tribunal Constitucional ha señalado que la cuestión de confianza no puede suponer un quiebre del principio de separación de poderes, por ello exigir que se apruebe una fórmula legal específica o establecer un plazo máximo rígido para el trámite legislativo, podría suponer un menoscabo en la autonomía funcional del Parlamento.

Es pertinente puntualizar que el propio Tribunal Constitucional ha señalado que, en el marco de la división de poderes y el respeto de atribuciones, la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo debe desarrollarse bajo los principios de cooperación y respeto democrático. De este modo, si bien el Poder Ejecutivo está facultado para presentar una moción de confianza con el fin de impulsar la reforma política, no es menos cierto que deberá hacerlo respetando las competencias del Poder Legislativo. En el mismo sentido, si bien es verdad que este Poder tiene facultad para establecer el contenido normativo y el tiempo en que lo aprobará, es importante que lo concrete en un plazo razonable.

El texto legal que finalmente apruebe el Congreso, debe partir de la propuesta planteada por el Poder Ejecutivo, pero como resultado de la deliberación parlamentaria (en la que deben participar diversas instituciones públicas y la sociedad civil) podrá contener modificaciones.

Diálogo político y ciudadano

5.- Finalmente la Defensoría del Pueblo considera que la ciudadanía percibe una tensión persistente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Siendo natural que la pluralidad de ideas políticas genere confrontación democrática, ello debe hacerse bajo la imprescindible búsqueda de consensos a través del dialogo.

El diálogo ennoblece a sus actores, porque implica el reconocimiento de los otros como iguales y como portadores de razones tan o más atendibles que las propias. Supone, igualmente, la ratificación de la confianza en la palabra, en la razón, en los mejores argumentos, y en la necesidad de buscar intersecciones sobre las que construir acuerdos.

La Defensoría del Pueblo da fe del valor del diálogo. Lo predica y lo practica en el cumplimiento de sus funciones; por ello, considera que el dialogo es el mandato que la ciudadanía exige tanto al Ejecutivo como al Parlamento, como una clara muestra de serenidad, madurez y compromiso con los derechos humanos de millones de peruanos y peruanas.