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DEFENSORÍA DEL PUEBLO INSISTE EN LA NECESIDAD DE CONTAR CON MEDIDAS ARTICULADAS Y COHERENTES CON LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES

–  Peruanos retornantes requieren acceso a créditos y apoyo en proyectos productivos.

–    Alto número de migrantes en el Perú exige la implementación de políticas de integración efectivas.

 En el Día Internacional del Migrante, que se celebra cada 18 de diciembre, la Defensoría del Pueblo reiteró al gobierno la necesidad de implementar la Política Nacional Migratoria (2017-2025), con el fin de garantizar y proteger los derechos de nuestros connacionales que se encuentran en el exterior y de los que retornan al país, así como de las personas extranjeras en nuestro territorio.

 En relación a los connacionales que retornan al país, la Defensoría del Pueblo saluda la expedición del Decreto de Urgencia N° 023-2019, que prorroga por tres años más los incentivos tributarios a los connacionales que retornan en el marco de la Ley Nº 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado.

 No obstante, consideramos que aún queda un trabajo pendiente en el establecimiento de medidas concretas y viables a favor de esta población para que puedan acceder a créditos de vivienda o emprender proyectos productivos, se les reconozca o valide sus títulos obtenidos en el exterior, así como en la obtención de certificaciones laborales, entre otros.

 Con respecto a la presencia de cerca de 1 millón de migrantes venezolanos en poco más de tres años, el Adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, sostuvo que ello representa un importante desafío para nuestro país, que hasta hace cinco años atrás solo se consideraba como país emisor de migrantes.

 Agregó que esta realidad, resalta en mayor medida los problemas estructurales que adolecemos, como son la discriminación, informalidad laboral, desempleo, inseguridad, descentralización en proceso y escasos recursos humanos entre otros aspectos. A ello se suma, la falta de procedimientos oportunos de regularización migratoria y de protección internacional (refugio), que dificultan la inclusión de una población que huye de la crisis humanitaria en la que se encuentra. Esta situación afecta en particular a los niños, niñas y adolescentes, así como mujeres, personas discapacitadas entre otros grupos vulnerables.

 Castillo resaltó que en ese orden de ideas resulta urgente la reformulación de  políticas laborales, educativas, de salud, entre otras, que permitan atender las necesidades de la población migrante de manera adecuada; así como la formulación de medidas concretas a corto, mediano y largo plazo que planteen soluciones duraderas, partiendo de la premisa que la migración internacional debe ser vista como una oportunidad en el desarrollo de los países.

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