Defensoría del pueblo: fiscalía de palpa debe agilizar investigaciones por caso de feminicidio ocurrido este año
- A través de un documento, se comunicó que prisión preventiva contra presunto autor estaría por culminar este 26 de octubre.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ica requirió al Ministerio Público interponer las medidas que sean necesarias para impedir que salga en libertad un hombre acusado del crimen de una mujer en la provincia de Palpa, ocurrido el 27 de enero de este año. Además, se solicitó agilizar las investigaciones contra el imputado, para que sea condenado con la máxima sentencia en el más breve plazo.
A través de un documento dirigido a la Fiscalía Provincial Mixta de Palpa, la Oficina Defensorial comunicó el temor que existe en la familia de la víctima ante la posibilidad de que el presunto autor del feminicidio pueda quedar en libertad este 26 de octubre, al vencer el plazo de nueve meses de prisión preventiva impuesto en su contra.
Según se explicó, el crimen de la mujer de 34 años ocurrió en medio de una discusión con su entonces pareja. Cuatro días después, el Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Provincia de Nasca impuso nueve meses de prisión preventiva contra el imputado; sin embargo, el periodo está por culminar y la familia de la víctima temen posibles represalias contra ellas y ellos.
En ese sentido, en el documento remitido al despacho fiscal se recordó también la obligación que tienen las autoridades judiciales de actuar con la máxima celeridad para investigar y sancionar cualquier caso de violencia hacia las mujeres.
“Desde la Defensoría del Pueblo advertimos que un cambio en la condición del imputado podría ocasionar un riesgo procesal, afectando a las y los deudos de la víctima que esperan que se aplique justicia”, sostuvo Jorge Hernández, representante de la institución en Ica al pedir la máxima celeridad en este caso.
En otra parte del documento, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ica recordó que la Corte Suprema de Justicia de la República emitió en 2018 una resolución en la que se establece que los jueces y fiscales deben dar prioridad y cumplimiento estricto a los plazos dentro de los procesos judiciales relacionados con los delitos de violación sexual, violencia familiar y feminicidio.
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