DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXIGE A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y AUTORIDADES POLÍTICAS A NO PROMOVER LA DISCRIMINACIÓN NI XENOFOBIA

• El Estado peruano debe contar con una Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar las prácticas discriminatorias y el discurso de odio

Desde la Defensoría del Pueblo, reiteramos nuestra preocupación por la propalación de discursos xenofóbicos contra la población venezolana que se encuentra en el país. Exigimos a las autoridades políticas a cumplir su deber de respetar la Constitución Política del Perú y las leyes y, a no incurrir en actos discriminatorios.

“Recordamos a las autoridades locales, regionales y funcionarios públicos que, en el marco de sus competencias, deben promover la integración de la persona extranjera en la sociedad peruana, garantizando la protección y defensa de sus derechos humanos e identidad cultural, contrarrestando las conductas discriminatorias”, señaló Percy Castillo Torres, Adjunto para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad.

Las situaciones advertidas en Cusco, Huancayo, Pisco, Bagua y en algunos distritos de Lima, por citar solo algunos ejemplos, conllevan a que se creen visiones socialmente estereotipadas y negativas de la población extranjera. Asimismo, resulta sumamente grave que el discurso político se establezca una relación directa y generalizada entre migración y delincuencia. Es imperativo tener en cuenta que no se debe estigmatizar a las personas y extender la responsabilidad de un delito a todo el colectivo al cual pertenece.

Sobre este tema, la Defensoría del Pueblo reitera la necesidad de que el Estado peruano cuente con una Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar las prácticas discriminatorias y el discurso de odio, y a su vez, que se implemente la Política Nacional Migratoria 2017-2025 (Decreto Supremo N° 015-2017-RE), que contiene lineamientos de política, objetivos, estrategias e iniciativas del Estado, que incluye a los Gobiernos Regionales y Locales, a fin de procurar la inserción en el país de la población extranjera, de conformidad con la normativa actual y estándares internacionales de protección de derechos humanos.

El Relator Especial para la libertad de expresión de la ONU, ha señalado que cuando los altos funcionarios públicos incurren en discurso de odio, “menoscaban no sólo el derecho de no discriminación de los grupos afectados, sino también la confianza que tales grupos depositan en las instituciones del Estado y, con ello, la calidad y el nivel de su participación en la democracia.”