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NOTA DE PRENSA

DEFENSORÍA DEL PUEBLO: DEBE RESPETARSE TRANSPARENCIA JUDICIAL POR EL ASESINATO DE DEFENSOR AMBIENTAL

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Madre de Dios solicitó al Juzgado de Paz Letrado de Laberinto que explique los motivos que impulsaron a tomar la decisión de retirar a los periodistas de la audiencia pública de prisión preventiva por el asesinato del defensor ambiental Roberto Carlos Pacheco Villanueva.

Al respecto, el pasado 12 de octubre del 2020, periodistas de medios locales fueron forzados a retirarse de la audiencia pública por el asesinato del defensor ambiental ocurrido el 11 de septiembre del 2020, en la concesión forestal que vigilaba y protegía de la minería ilegal en Madre de Dios.

“Es preciso indicar que el Principio de Publicidad, se encuentra consagrado en el inciso 4 del artículo 139 de nuestra Constitución Política del Perú, el cual brinda la posibilidad de que los actos procesales de los órganos jurisdiccionales sean presenciados o conocidos incluso por quienes no participan en el proceso como partes”, sostuvo Guimo Loaiza, jefe de la Oficina Defensorial de Madre de Dios.

Asimismo, la institución también rechazó la denegatoria de pedido de prisión preventiva para los presuntos responsables, por parte del Juzgado de Paz Letrado con funciones de Juzgado de Investigación Preparatoria de Laberinto. Para la Defensoría del Pueblo esta decisión podría interferir en los esfuerzos de investigación del Ministerio Público y colocar en riesgo al padre de la víctima, el defensor ambiental, Demetrio Pacheco.

Cabe recordar que en lo que va del 2020, además del señor Pacheco, cuatro personas defensoras de los pueblos indígenas y del medio ambiente perdieron la vida por ejercer su trabajo de protección de los recursos naturales. En abril, fueron asesinados Arbildo Meléndez Grándes (Huánuco) y Benjamín Ríos Urimishi (Ucayali); en mayo, Gonzalo Pío Flores (Junín) y en julio, Lorenzo Wampagkit Yamil (Amazonas).

Ante esta realidad, la Defensoría del Pueblo exige al Estado en su conjunto brindar a los defensores ambientales efectivas medidas de protección contra las amenazas y actos de violencia que vienen padeciendo. Bajo ningún supuesto puede permitirse el sacrificio de más vidas. Es indispensable que, los subprefectos distritales, quienes son los encargados del otorgamiento de las garantías personales, atiendan sus pedidos con carácter de urgencia y se les brinde una atención inmediata en coordinación con la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público.

Finalmente, la institución señaló que el efectivo cuidado de los defensores de derechos humanos solo será posible si las entidades públicas llamadas a intervenir articulan y participan decididamente en las acciones de protección. No son ajenos a este deber los gobiernos regionales y locales, los cuales además de colaborar con su seguridad deben evitar acciones que favorezcan el desarrollo de actividades criminales, principal causa de los ataques reportados.

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