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Defensoría del Pueblo: Debe garantizarse atención en salud mental a pacientes covid-19 en Ica

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ica demandó a la Dirección Regional de Salud (Diresa) informar sobre las medidas adoptadas para la implementación progresiva del “Plan de Salud Mental (en el contexto del COVID-19, Perú, 2020-2021)” en esta región, el mismo que tiene como objetivo hacer frente a diversos problemas derivados de la pandemia por la COVID-19 en la población, tales como cuadros de estrés, temor y ansiedad; tanto en el ámbito de la atención, como en el de la prevención y promoción de la salud mental.

El pedido fue realizado ante los tres casos de suicidios de pacientes con COVID-19, ocurridos en el último mes en el Hospital Regional de Ica. Asimismo, tras verificarse que, según el Ministerio de Economía y Finanzas, hasta el momento solo se habría ejecutado el 47.7 % del presupuesto de 7 395 000 soles, destinados a programas de salud mental en la región a través del Programa Presupuestal 0131: Control y prevención en salud mental.

Cabe señalar que el Plan de Salud Mental en el contexto del COVID-19, aprobado en junio del presente año por el Ministerio de Salud, reconoce la importancia del cuidado de la salud mental como un componente importante durante la emergencia sanitaria. En ese sentido, la Dirección Regional de Salud (Diresa), a través de sus unidades ejecutoras, debe garantizar la disponibilidad de los servicios y la presencia de profesionales en psicología y psiquiatría, así como en enfermería y asistencia social, para la atención de la salud mental de las personas diagnosticadas con la enfermedad, se encuentren hospitalizados o en sus domicilios. Del mismo modo, la implementación del Plan implica, por ejemplo, la articulación de la Diresa con los gobiernos locales para promover la salud mental, el autocuidado y cuidado mutuo comunitario en el contexto del COVID-19.

En este contexto, como parte del pedido, la oficina defensorial requirió a la Diresa Ica, en su calidad de entidad que lidera la Estrategia Regional de Salud Mental junto a los centros de salud mental comunitarios y los establecimientos de salud, garantizar que se brinde una atención oportuna y accesible a la población, tanto de manera preventiva como para aquellas afectadas por el COVID-19.

La pandemia de la COVID-19 es una amenaza de gran proporción tanto para la salud física como para la salud mental, por lo que este último aspecto debe abordarse con urgencia. “Es necesaria la implementación de unidades funcionales de acompañamiento psicosocial a personas con COVID-19 en las áreas de admisión, observación, emergencia, hospitalización y cuidados intensivos de los hospitales, para identificar a las personas con problemas de salud mental, a fin de que reciban la atención que les permita sobrellevar y afrontar la situación que atraviesan”, señaló el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ica, Jorge Hernández.

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