Defensoría del Pueblo: beneficencia, Municipios y Diresa deben regularizar situación de cementerio en Cusco

Muchos no cuentan con certificados de habilitación ni de autorización sanitaria.

Tras supervisar nueve cementerios ubicados en distintos puntos de la región Cusco, la oficina de la Defensoría del Pueblo en esta región detectó que la mayoría de ellos presenta distintas deficiencias, siendo una de las más comunes la falta de certificados de habilitación y de autorización sanitaria.

Dos ejemplos de esta situación son el cementerio de San José de Huancaro y el Cementerio General de la Almudena, ambos en la ciudad de Cusco, que no cuentan con certificados de habilitación ni autorización sanitaria emitidos por la Dirección Regional de Salud (Diresa). La misma deficiencia se presenta en los cementerios Los Ángeles, de la provincia de Espinar; Inmaculada Concepción, de la provincia de Quispicanchi; y Trapiche, en Sicuani. Además, el camposanto ubicado en Espinar carece de un registro de inhumaciones.

Por su parte, se pudo identificar que los cementerios de Quillabamba, San Jerónimo y San Sebastián carecen de espacios destinados a la implementación de fosas comunes para cuerpos no reclamados.

La supervisión, que forma parte de un trabajo que viene desarrollando la Defensoría del Pueblo en todo el país para verificar la disponibilidad de espacios para nuevas sepulturas ante una posible segunda ola de contagios de COVID-19, permitió detectar que muchos de los camposantos cusqueños se encuentran al límite de su capacidad.

Solo en el caso de la ciudad de Cusco, los cementerios pertenecientes a la Beneficencia Pública registraban más de 310 inhumaciones al mes de septiembre, mientras que los camposantos ubicados en las provincias de La Convención, Canchis y Quispicanchi reportaban más de 74 sepulturas de personas fallecidas por COVID-19 al mismo periodo.

Ante este panorama, la jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Cusco, Rosa Santa Cruz, exigió a las autoridades a cargo de cada cementerio a cumplir con los requisitos establecidos para garantizar el adecuado funcionamiento de estos espacios, que en la mayoría de casos son administrados por la Beneficencia Pública o los municipios. Además, pidió que se destinen áreas para la habilitación de fosas comunes, acorde a lo establecido en la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios.

“Hemos podido observar que los cementerios de San José de Huancaro y La Almudena, pese a ser los más importantes de la región, no cuentan con sus documentos en regla por lo que exigimos a sus autoridades realizar los trámites ante la Diresa a fin de que puedan estar habilitados ante una posible segunda ola de contagios de COVID-19”, precisó la representante de la Defensoría del Pueblo.