Defensoría del Pueblo: Autoridades locales deben participar en sesiones del comité regional de seguridad ciudadana en Ayacucho

• Las autoridades de las municipalidades provinciales de Huanta y La Mar no asistieron a la última sesión del Coresec.
• Inasistencia puede ser catalogada como comisión de delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho demandó a las municipalidades de las provincias de Huanta y La Mar asistir a todas las sesiones ordinarias convocadas por el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), con el fin de tratar temas de seguridad en sus localidades, además de otros asuntos de importancia para la ciudadanía. En ese sentido, la institución les recordó que su participación es obligatoria y personal, bajo responsabilidad penal.

Esta demanda estuvo motivada no solo por la inasistencia de ambos alcaldes a la última sesión del Coresec, sino porque tampoco participaron de la reciente sesión de la Plataforma Regional de Defensa Civil, convocada con motivo del incremento de incendios forestales que ponen en riesgo la vida, patrimonio y la seguridad de la población, precisamente, en las provincias de Huanta y La Mar.

Al respecto, el representante de la Defensoría del Pueblo en esta región, David Pacheco-Villar indicó que ve con preocupación los hechos de violencia registrados hace unos meses en el distrito de Tambo y, el último fin de semana, en el distrito de Huanta, en los que fueron asesinadas tres mujeres y una niña, por causas que viene investigando el Ministerio Público.

Sobre lo ocurrido en la ciudad de Huanta, se conoce que la trabajadora de una funeraria murió por el impacto de un proyectil de arma de fuego en la vía pública, presuntamente, a manos de un sicario. Por otro lado, durante el estado de emergencia, se registró un triple crimen en el distrito de Tambo, provincia de La Mar, donde una madre, su hermana adolescente y su hija de dos años de edad fueron asesinadas, bajo características de un presunto feminicidio.

“Para la Defensoría del Pueblo, la seguridad personal es un derecho fundamental de todo ser humano, que debe ser garantizado con el trabajo multisectorial, donde los gobiernos locales asumen un rol decisivo para la tranquilidad de su población», manifestó Pacheco-Villar.

En esa línea, la institución recordó que la Constitución Política establece que las municipalidades brindan servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú, pues es un deber primordial del Estado, entre otros, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general.

Estas responsabilidades guardan estrecha relación con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, pues todos los miembros titulares del Coresec están obligados a asistir y participar personalmente en sus sesiones, bajo responsabilidad penal. En este sentido, le corresponde al Ministerio Público determinar, en cada caso, si existen indicios de la comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, previsto en el Artículo 377 del Código Penal, para proceder conforme a ley.