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Defensoría del Pueblo: Autoridades deben agotar esfuerzos para identificar cadáveres en Ayacucho

  • Tras intervención defensorial se evitó el entierro de un cadáver sospechoso de COVID-19 sin conocimiento de sus familiares.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho demanda al Ministerio Público y a la Red de Salud de Huamanga cumplir adecuadamente las diligencias para la identificación de cadáveres por COVID-19. Asimismo, exige a la Sociedad de Beneficencia no autorizar inhumaciones hasta que se compruebe que se han agotado todas las indagaciones para conocer la identidad y causa del deceso.

Recientemente, la oficina defensorial tomó conocimiento que se pretendía inhumar el cuerpo de una persona que fue encontrada en la vía pública, sin ser identificada porque la Fiscalía Provincial Penal de turno de Huamanga, dispuso que la Sociedad de Beneficencia de Ayacucho brinde las facilidades a la funeraria para la inhumación del cadáver que permanecía como NN.

Al respecto, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho advirtió que no se habían agotado las diligencias necesarias para su identificación, a fin de permitir que los familiares directos tuvieran conocimiento del hecho y pudieran guardar el luto que les asiste.

Entre otras irregularidades, se encontró que la fiscal consignó en el acta de la diligencia que “esta ciudad no cuenta con el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) operativo”, de este modo se dieron por agotadas las diligencias y se procedió a solicitar que la Sociedad de Beneficencia autorice la inhumación del cadáver NN.

Cabe señalar que luego de la intervención defensorial, la Policía Nacional del Perú logró identificar el cadáver horas después, precisamente, usando este sistema y con apoyo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), procediendo a ubicar a los familiares de la fallecida.

Otra anomalía que la institución identificó fue que, en el acta de no criminalidad, se hizo constar la participación de la representante de la funeraria, pese a no ser parte procesal ni perito; asimismo, en el certificado de defunción no se anotó que el cadáver se trataba de un NN, habiendo dejado en blanco el casillero reservado para anotar dicho dato. De la misma manera, se verificó que no habían transcurrido las 24 horas desde la certificación del fallecimiento como lo establece la Directiva Sanitaria N° 087-MINSA/2020/DIGESA, pudiéndose realizar más esfuerzos para identificar el cuerpo.

El jefe de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho, David Pacheco-Villar manifestó que tras verificar estas irregularidades en la redacción de la documentación se demandó al Ministerio Público reconducir las diligencias dispuestas, a fin de que la Policía Nacional del Perú, con apoyo de las entidades competentes logre la identificación de otros cadáveres NN antes de enterrarlo.

Asimismo, la institución recordó que corresponde disponer que el cadáver permanezca en el mortuorio del establecimiento de salud competente, hasta que realmente se agoten todas las diligencias que permitan su identificación y posterior aviso a la familia.

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