CONGRESO TIENE EN SUS MANOS RENDICIÓN DE CUENTAS POR LA TRATA DE PERSONAS

El Congreso de la República vuelve a retroceder en la lucha contra la trata de personas.
Pese a que hace unas semanas el Ejecutivo observó el proyecto de ley 5712, que
restringe la rendición de cuentas por este delito y limita el control político que debe
realizar el Legislativo por las acciones del gobierno en esta materia, las comisiones de
la Mujer y Familia, así como la de Justicia y Derechos Humanos han dictaminado la
aprobación del referido proyecto por insistencia.
El proyecto de ley 5712 modifica la Ley 29918 y da un paso atrás en la rendición de
cuentas por la trata de personas, al establecer que el premier y los ministros del Interior
y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ya no tendrían que acudir ante el Pleno del
Congreso para informar sobre sus acciones frente a este delito, sino solamente ante las
dos comisiones mencionadas previamente, como si esos espacios pudieran abarcar la
totalidad de la problemática.
Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, expresó la preocupación de la
institución por este tema, pues aseveró que la trata de personas es un delito
pluridimensional que es enfrentado desde el Estado con la Política Nacional frente a la
trata de personas y sus formas de explotación al 2030, la cual establece 42 servicios
públicos que deben ser implementados por 11 ministerios y 4 organismos autónomos
en todo el Perú.
Tras recordar la estrecha vinculación de la trata de personas con la criminalidad
organizada, así como con otras economías ilícitas, como la minería ilegal y la extorsión,
Valdés señaló que este delito también involucra actividades de otros sectores, como la
prevención en educación, la accesibilidad de los servicios de salud, el control y
fiscalización de empresas de transporte y de empleo, entre otros temas.
CHS Alternativo ha enviado cartas a los miembros titulares de las comisiones
mencionadas presentando una propuesta de modificación al proyecto en cuestión,
estableciendo que el pleno es el espacio para la rendición de cuentas. Ello, con la
finalidad de garantizar un adecuado panorama normativo y político en la lucha contra la
trata de personas y otras formas de explotación, sobre todo considerando que entre los
años 2018 y abril del 2023, el Sistema de Gestión Fiscal del Ministerio Público registró
29,400 denuncias por trata de personas a nivel nacional, y solo en 2023 se
contabilizaron 9001 denuncias por este y otros delitos de explotación humana.
Valdés refirió que la rendición de cuentas también es muy importante para mejorar el
presupuesto destinado a financiar la política contra este delito, pues desde que se dejó
de rendir cuentas por la trata de personas el presupuesto para enfrentar este crimen se
ha ido reduciendo año tras año. En 2022 el Estado peruano destinó apenas 12 centavos
de sol por persona para financiar la prevención, atención, persecución y reintegración
de víctimas, lo que resulta insuficiente.
Finalmente, manifestó que el Congreso tiene en sus manos la posibilidad de mejorar la
normativa para la lucha contra la trata de personas. “Insistir en bajar el grado de
responsabilidad y de rendición de cuentas ante lo que se hace para proteger a la
ciudadanía frente a este delito, es irresponsable y significa claudicar ante la explotación
humana”, remarcó.