DEFENSORÍA DEL PUEBLO PRESENTA LOS “MAPAS DE LA CORRUPCIÓN EN EL PERÚ” A NIVEL NACIONAL
· Veinte departamentos y el Callao registraron una tendencia a incrementar el número de casos de corrupción entre el 2016 y 2018.
· Lima y Cusco, las regiones con mayor número de casos de peculado.
La Defensoría del Pueblo presentó la primera serie de “Mapas de la corrupción en el Perú”.
Las acciones para visibilizar la situación y lucha contra la corrupción, forman parte de los ejes de la actual gestión de Walter Gutiérrez, Defensor del Pueblo. El mapa de la corrupción busca acercar información al ciudadano, presentándole, de manera gráfica y en un formato de fácil comprensión, el análisis de información estadística sobre la situación de nuestras instituciones públicas y los retos en materia de lucha contra la corrupción que tenemos como Estado.
Esta primera entrega de cinco mapas muestra, entre otros datos, que 20 departamentos y la provincia constitucional del Callao registraron una tendencia a incrementar el número de casos de corrupción en trámite del año 2016 al 2018. Áncash aumentó en un 67 % su número de casos en trámite, llegando a ser el departamento con mayor incremento porcentual, seguido muy de cerca de Loreto con aproximadamente 66%.
Asimismo, se destaca que el delito de peculado es el más recurrente a nivel nacional, representando el 34 % de los 40 759 casos reportados en el 2018. Lima y Cusco son los departamentos con mayor número de casos de peculado a nivel nacional; mientras que Áncash, Loreto y Cusco son los departamentos que mayor incremento porcentual de este tipo de casos registraron el mismo año, 74 %, 72 % y 71 % respectivamente. El delito de peculado consiste en apropiarse o utilizar dinero o bienes del Estado aprovechando el cargo público que se ejerce.
Los casos de colusión son los segundos más recurrentes a nivel nacional, con 14 %. Lima y Áncash son los departamentos que reportan el mayor número de casos a nivel nacional. No obstante, Pasco fue la región que mayor variación porcentual presentó en el 2018, incrementando en 85% la cantidad de casos de colusión respecto de los casos reportados en el 2016. Este delito se configura cuando un funcionario o servidor público a razón de su cargo interviene en cualquier etapa de la adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios para defraudar al Estado.
Para la elaboración de estos mapas, la Adjuntía de lucha contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado la Defensoría del Pueblo procesa y analiza información pública producida por otras instituciones. En esta oportunidad, se ha servido de los Informes Estadísticos del 2017 y 2019 elaborados por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción y tiene previsto presentar de manera periódica nuevas ediciones sobre la base de la consulta de diversas fuentes sobre la temática.
La ausencia de información constituye un serio obstáculo para combatir esta problemática. Una forma de limitar su acceso es presentándola en un lenguaje muy técnico, sin procesar o en formatos poco amigables que no facilitan su comprensión. Este ha sido un aspecto desatendido por el Estado en el que la Defensoría del Pueblo considera que puede hacer un aporte importante. En ese sentido renueva su compromiso de seguir trabajando para el ciudadano, poniendo información en sus manos y defendiendo sus derechos.
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