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Plan de continuidad de estudios debe considerar información personalizada por cada estudiante.

  • Para fortalecer proceso de licenciamiento, Gobierno debe garantizar atención de 50mil estudiantes afectados por cierre de universidades.
  • Los mejores estudiantes de las universidades en proceso de cierre deben recibir una atención especializada del gobierno.

La Defensoría del Pueblo reconoce el esfuerzo que viene realizando el Estado por la excelencia de la educación superior pues considera que la educación es la herramienta central para igualar los derechos de las personas. Sin perjuicio de ello, solicita al Ministerio de Educación ampliar las medidas de protección a los estudiantes de las universidades que no logran el licenciamiento institucional, como es el caso de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, entre otras.

En efecto, son 19 las universidades privadas con licenciamiento institucional denegado, las cuales registrarían 54,053 estudiantes afectados, quienes deben optar por permanecer en una institución que no alcanzó las condiciones básicas de calidad, trasladarse a otra universidad si es que cuentan con los recursos económicos necesarios, elegir una carrera técnica o simplemente salir del sistema educativo.

Al respecto, la Defensoría resaltó que el Estado ha permitido a dichos alumnos acceder al sistema educativo, por tanto es necesario que se amplíen los esfuerzos para atender el impacto social en las familias afectadas con la implementación de esta importante reforma educativa. Por ello, solicitó que Sunedu brinde reportes detallados sobre la situación de los estudiantes universitarios afectados así como de las medidas de mitigación social implementadas, los cuales deben ser periódicos y transparentes.

Si bien, a la fecha, Sunedu ha emitido el Reglamento del Proceso de Cese de Actividades de Universidades y Escuelas de Posgrado, y el Minedu aprobó los lineamientos sobre el diseño de estrategias de apoyo a la movilidad de estudiantes afectados de universidades en proceso de cese de actividades, consideramos que estas medidas no son suficientes frente a la problemática que afecta a los estudiantes de las universidades con licenciamiento denegado.

La Defensoría del Pueblo recordó que a inicios de año planteó que cada postulante debía ser informado de la situación de su universidad antes de matricularse. Lamentablemente, miles de postulantes se matricularon a universidades que han sido denegadas, a pesar de las alertas emitidas por nuestra institución.

Finalmente, si tenemos en cuenta que 44 universidades aún se encuentran en proceso de licenciamiento, y de ellas, 27 universidades privadas deben presentar un plan de adecuación que permita evidenciar que se encuentran en capacidad de cumplir las condiciones básicas de calidad para obtener la licencia institucional; es necesario instaurar una estrategia integral de información a los alumnos y alumnas que tienen el derecho de estar prevenidos de los riesgos que afrontan.

La Defensoría del Pueblo continuará dialogando con las entidades concernidas para velar, no sólo por la continuidad del proceso de licenciamiento, sino también por el respecto de los derechos fundamentales de los alumnos y alumnas.

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