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Defensoría del Pueblo: Recursos de contingencia del Metropolitano deberían cubrir sostenibilidad del servicio

Transferencia de fondos solo debe ser para atenuar reducción del aforo en los vehículos y asegurar cumplimiento de protocolos sanitarios.
Ante el requerimiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima a las autoridades nacionales para que realicen transferencias económicas a favor del servicio de buses del Metropolitano y los corredores complementarios, la Defensoría del Pueblo señaló que esta ayuda debe cubrir exclusivamente los costos operativos de estos servicios (combustible, mantenimiento, planillas de trabajadores, entre otros), descontando las utilidades (ganancias) que podrían obtener los concesionarios en circunstancias normales.

Las concesiones del Metropolitano y corredores complementarios, cuentan con fondos de contingencia y de reserva que sirven para cubrir situaciones de emergencia y de déficit, como la del brote del COVID-19. Cualquier transferencia de fondos por parte del gobierno nacional o local constituye una medida extraordinaria para paliar las consecuencias de la reducción del aforo en los vehículos de transporte y asegurar el cumplimiento de los protocolos sanitarios.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo indicó que se debe poner atención al desbalance de los fondos de contingencia, advertido por la Contraloría General de la República. Entre los años 2010 y 2015 debieron ingresar a estos fondos más de 124 millones de soles por cobro de pasajes más caros a lo establecido y penalidades por el alza de pasajes.

Asimismo, la institución advirtió que el servicio del Metropolitano continúa en etapa de pre-operación, es decir que aún no comienza a contarse el plazo de la concesión pese a que han transcurrido más de 10 años desde su lanzamiento.

Dados estos hechos, la entidad remarcó la necesidad de analizar la repercusión de los contratos de concesión del Metropolitano y corredores complementarios, revisar la constitución de los fondos de contingencia y reserva, e iniciar las renegociaciones correspondientes con los operadores en beneficio de un servicio de transporte público de calidad para la comunidad.

Para la Defensoría del Pueblo afrontar el contexto de la emergencia sanitaria requiere de colaboración mutua entre los poderes del Estado y los gobiernos regionales y locales, por lo que demandó a estas autoridades a implementar aquellas medidas que permitan superar las condiciones de hacinamiento en los diversos medios de transporte terrestre, así como atender la demanda de transporte urbano, velando por la salud de las personas y evitando la expansión de los contagios de COVID-19.

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