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BHTV NOTICIAS - NOTA DE PRENSA

DEFENSORÍA DEL PUEBLO ADVIERTE PREOCUPANTE AUMENTO DEL TRABAJO EN ADOLESCENTES

  • Urge garantizar el acceso y la continuidad en la educación de adolescentes que laboran pues políticas públicas de prevención no están funcionando.
  • Se debe modificar el Código Penal, incorporando un delito especial que sancione la explotación laboral de menores de edad.

El trabajo en adolescentes que estudian y trabajan, así como en el grupo de los que solo trabajan registra un incremento preocupante, que podría estar afectando su desarrollo y bienestar integral, y que además revelaría que las políticas públicas de prevención no están funcionando, advirtió la Defensoría del Pueblo.

“Hay una Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en el Perú 2012-2021 que busca erradicar el trabajo infantil por debajo de la edad mínima de admisión al empleo, el trabajo infantil peligroso y la explotación infantil y adolescente, pero cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei) demuestran que su implementación debe reforzarse”, indicó Matilde Cobeña, Adjunta para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo.

En los últimos años, el número de adolescentes entre 14 y 17 años que solo trabaja se ha elevado progresivamente, según el Inei. En 2017, el 7,7% se encontraba en esta situación; en 2018, la cifra creció a 8,1%; y en 2019, escaló a 9,8%.

Similar panorama se observa en el grupo de adolescentes de 14 y 17 años de edad que trabaja y estudia. En 2017, el 19,2% de menores de edad en este rango se encontraba en esta situación; en 2018, el porcentaje llegó a 23,1% y para el primer trimestre de 2019, subió a 23,9%.

Por otro lado, en el año 2017, se registró una tasa de deserción escolar del 6,3% en alumnos de secundaria de 13 a 19 años, según información del Ministerio de Educación.

Para Cobeña, si bien la legislación nacional establece como edad mínima los 14 años para trabajar, el Estado debe priorizar y garantizar la formación educativa de adolescentes, especialmente, la culminación de sus estudios, conforme lo ha recomendado el Comité de los Derechos del Niño.

Los gobiernos locales y regionales también tienen la obligación de contribuir a esta tarea pues entre sus funciones está la inscripción, autorización y supervisión del trabajo de los adolescentes para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos de Ley y evitar así la vulneración de sus derechos fundamentales como la educación y la salud.

Además, se requiere reforzar la labor de los especialistas en trabajo infantil de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en todo el país. Actualmente, solo Lima cuenta con este tipo de inspectores. Asimismo, está pendiente la modificación del Código Penal para incorporar un delito especial que sancione la explotación laboral de menores de edad.

Finalmente, urge que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo implemente mecanismos de participación efectiva de las y los trabajadores menores de edad en el diseño de las políticas públicas relativas al trabajo infantil.

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